El fiscal que hizo de Nayarit un infierno

Tepic, Nay.- En la primavera del 2013 –entre mayo y junio– un grupo de comerciantes, pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que ofrecen comida al turismo a lo largo de los 2 kilómetros de playa en Guayabitos –municipio de Compostela– fueron a Tepic, la capital, porque ya no soportaban más. Los pagos por derecho de piso, los secuestros, las amenazas de muerte y los asesinatos los estaban ahogando. Aunque el miedo les calaba hasta los huesos, se enfrentaron a Édgar Veytia; un hombre duro, de voz nasal, quien apenas unas semanas atrás –en febrero de ese mismo año– había sido nombrado Fiscal pero que desde hacía tiempo era quien estaba al mando de la policía.

Entre los comerciantes que se animaron a entrar a la oficina de Veytia en la Fiscalía del Estado –ubicada al poniente de la capital nayarita– también iban los dueños de modestos hoteles a quienes un grupo de hombres con armas largas los sacaron a empujones de sus casas para que firmaran contratos de venta sobre sus negocios con una empresa constructora llamada DUVASA. Justamente entre febrero y marzo de ese mismo 2013, casi al mismo tiempo que en el Congreso de Nayarit cocinaban la designación de Veytia como Fiscal gracias a una propuesta de su amigo, el gobernador Roberto Sandoval.

Antes de escuchar a los vecinos de Guayabitos, Veytia colocó una pistola con sus iniciales grabadas en la cacha sobre su escritorio. Lo hizo en un solo movimiento. El ruido del arma sobre la madera intimidó a los comerciantes. Todos sabían que, bajo sus órdenes, operaba un grupo de encapuchados, armados y a bordo de camionetas sin placas. Se trataba de policías que habían sembrado el terror en Nayarit desde que Sandoval asumió el cargo de gobernador, según consta en los testimonios obtenidos para esta investigación.

Alguien grabó aquel encuentro dentro de la oficina de Veytia. A lo largo de 54 minutos, en medio de la discusión, se escuchan gritos desesperados de una mujer. En al menos cinco ocasiones se oyen nítidamente los alaridos de alguien que sufre profundo dolor físico. Pide que paren, que se detengan.

Veytia no repara sobre esos lamentos. Sus guardaespaldas ni él procuran averiguar qué pasaba en algún lugar muy cerca de ahí. El Fiscal habla como si las exclamaciones de dolor y el llanto de esa mujer fueran parte del ambiente.

MCCI obtuvo una copia de esa grabación que, desde hace tiempo, circula entre los vecinos de Guayabitos. Algunos de ellos han entregado a otros periodistas este material, sin embargo, hasta el momento nunca se había hecho público.

MCCI comprobó con cuatro distintas fuentes ajenas a la comunidad de Guayabitos que sí se trata de la voz del exfiscal quien ahora está detenido en Estados Unidos y al borde de una condena tras confesar que protegió al narcotráfico.

Los nombres de esas fuentes no pueden darse a conocer por razones de seguridad ya que la mayor parte de los policías, comandantes, testaferros y cómplices del exfiscal todavía viven y operan Nayarit.

En ese territorio –uno de los más pequeños de México– en el periodo 2011-2017, durante el Gobierno del priista Roberto Sandoval los policías encapuchados dirigidos por Veytia extorsionaron a cientos de personas para despojarlas de casas, ranchos, negocios, bodegas, terrenos y dinero.

Tras de la captura de Veytia en Estados Unidos, la prensa en México publicó que el exfiscal facilitaba que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) almacenara en Nayarit cargamentos de cocaína y precursores de drogas sintéticas que desembarcaban en Manzanillo, Colima, un puerto ubicado a 473 kilómetros de Tepic –un trayecto de 5 horas en automóvil–. Los capos eligieron para vivir localidades nayaritas como Tepic, Bucerías, San Blas, Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta

José Cruz Corchado Partida tenía un terreno de 8 mil 476 metros cuadrados donde compraba y vendía ganado. Su vida se hizo trizas cuando a un lado construyeron el centro comercial Fórum. El valor de sus tierras se volvió atractivo, pero Veytia secuestró a su hijo para obligarlo a venderlas un 40% por debajo de su precio.

“Quiero que me vendas (…) Te voy a pagar a mil 900 pesos el metro cuadrado y, si no quieres, de todos modos, va a ser mío ¿cómo la ves?” Le dijo Veytia a Corchado con la pistola descansando sobre el escritorio. Entonces sonó un celular, el exfiscal puso el altavoz; llamaba Sandoval, el gobernador.

–¿Qué? ¿Ya trataste con nuestro amigo?– le preguntó Sandoval

–En eso estamos, señor gobernador– dijo Veytia.

–Si no lo quiere vender, enciérramelo uno o dos días para que afloje– sugirió.

–No pues así por las buenas, sí te vendo– respondió Corchado.

Pero el dinero pactado no llegó completo a las manos del ganadero. Para compensar lo que faltaba, le ofrecieron dos departamentos que él no quiso. “Ahí estaban antes puros malandros”, relató a MCCI en una entrevista. Casi la mitad de sus tierras fueron usadas para construir un fraccionamiento, pero los predios seguían a nombre de Corchado ante el registro público de la propiedad. Esta fue una manera de ocultar la identidad de los nuevos dueños.

En mayo de este 2019, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó al exgobernador Sandoval en la lista negra por estar involucrado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acusación consistió en que él permitió que los capos se apoderaran de activos estatales y, en lo personal, recibió sobornos.

Cuando Sandoval dijo “enciérramelo unos días para que afloje”, Corchado sintió pavor. Si no entregaba sus tierras, lo llevarían al penal para encerrarlo en “la jaula de los locos”. En Nayarit la gente había escuchado que se trataba de un castigo insoportable.

“La jaula de los locos” le llamaban a la celda especial en el que mantenían a las personas enfermas mentales bajo condiciones de aislamiento. “No hay quien aguantara más de una noche ahí”, aseguró a MCCI Juan Miguel Coppel Godoy, un vendedor de autos usados quien fue encarcelado porque supuestamente participó en un secuestro.

Para liberarlo, la familia de Coppel debía pagar 300 mil pesos. Unos enviados de Veytia los llevaron con una prestamista: a cambio de las escrituras de una casa les darían lo justo para soltarlo. Ellos se negaron, su vivienda valía por lo menos 1 millón de pesos. Esta decisión tuvo sus consecuencias: Juan Miguel fue enviado a una celda de castigo donde lo amarraron. Le quitarían las uñas de los pies. “¡Jálale! porque no te voy a dar nada”, les decía a los enviados de Veytia. Tres años después, él quedó en libertad porque no había pruebas en su contra.

Cuando Veytia fue capturado en Estados Unidos y terminó el gobierno de Sandoval, las historias contadas en voz baja dentro de los restaurantes o los rumores como la existencia de “la jaula de los locos”, y las anécdotas sobre los secuestros estallaron: más de 2 mil personas de los 20 municipios nayaritas denunciaron haber sido víctimas del Fiscal y de sus policías, luego de que un grupo de ciudadanos lanzara una convocatoria para que se conociera lo sucedido durante los últimos seis años. Las protestas desencadenaron la creación de la Promotora de la Comisión de la Verdad. Uno de sus representantes más identificados públicamente ha sido Rodrigo González Barrios, un exdiputado del PRD.

A partir del 14 de junio del 2017 esas protestas fluyeron. La Comisión de la Verdad informó que 543 acusaciones podían convertirse en denuncias. La gente tenía miedo de acudir ante la Fiscalía, aunque se trataba de un nuevo gobierno, otros señalamientos no tenían testigos y, en algunos casos, los posibles delitos habían prescrito.

Las primeras 25 se presentaron ante la la nueva Fiscalía encabezada por Petronilo Díaz Ponce. Hasta las dos primeras semanas de este agosto no había información pública sobre el estatus de esos expedientes. Es decir, a más de dos años y medio de distancia no se sabía de alguna persona detenida, o de órdenes de captura, de acuerdo con los abogados de las víctimas.

MCCI solicitó una entrevista con el Fiscal, pero, hasta el momento de publicar esta investigación, todavía no encontraba un espacio en su agenda de trabajo. Pero el pasado viernes por la tarde, Petronilo Díaz llamó a conferencia de prensa 28 carpetas de investigación: 11 contra el exgobernador Roberto Sandoval y 17 contra Veytia.

De esos expedientes, ya cuentan con tres órdenes de aprehensión cotra el exfiscal por extorsión, amenazas y secuestro. Respecto al exmandatario, reveló que le incautaron 12 inmuebles. El nuevo Fiscal también dijo que en tres casos, las víctimas obtuvieron bienes inmuebles como reparación del daño y, a otra más, se le entregaron 53 hectáreas.

De acuerdo con la revisión que hizo MCCI a las denuncias manejadas por la Comisión de la Verdad en 21 de los 25 casos llevados ante la Fiscalía, el exgobernador Sandoval figura como el principal señalado por depojos. Algo similar sucede con Veytia: su nombre junto al de los policías sin rostro fueron acusados en 18 de esos expedientes, aunque a ellos también los responsabilizaron de torturas.

MCCI tuvo acceso completo a 14 de esos 25 expedientes presentados ante la Fiscalía entre los años 2017 y 2018. En ellos aparecieron 62 personas. Entre ellas se encuentran notarios ubicados en Nayarit. Las víctimas de Veytia eran llevadas a sus oficinas para que validaran el traslado de dominios o venta de propiedades, de acuerdo con los testimonios.

Los notarios referidos fueron los siguientes: Arturo Luna, Carlos E Alfaro, Jorge Arturo Parra, Pedro Soltero, Emilio M González, Héctor Manuel Béjar y Jesús Torris Lora.

Solo dos aceptaron hablar con los reporteros de MCCI: el propio Toris Lora y Arturo Luna López de la Notaria 6. “Eso es falso. Una calumnia. Yo no lo hubiera permitido. Todo estaba en regla. En mi caso, esa historia es un invento”, comentó este último. El resto de sus colegas no aceptaron ser entrevistados.

De los 14 expedientes revisados, 10 señalan despojo de inmuebles, 9 denuncian extorsión y en todos los casos hay torturas.

Las víctimas entrevistadas por MCCI pronunciaron el nombre del exfiscal. Pero ninguna de ellas puede explayarse ni detallar las torturas. Cuando llega ese momento, bajan la mirada y van doblándose, hasta quedar casi en posición fetal. Otros miran hacia el techo, aprietan las manos sobre sus muslos y respiran, agitadas. Hacen largas pausas y continúan con algo distinto.

Veytia ascendió de puesto durante el gobierno de Sandoval. En 2011 inició como secretario de Seguridad Pública y para el 2015 ya se había convertido en el primer Fiscal en la historia de ese estado. En el ámbito personal, cursó una maestría en Ciencias Jurídicas y un doctorado en Ciencias Forenses, en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Sin embargo, el último de sus grados académicos no está registrado en la Secretaría de Educación Pública (SEP), de acuerdo con una revisión hecha antes de publicar este trabajo. Por otra parte, tampoco hay antecedentes de que concluyera el bachillerato. Además su doble nacionalidad –mexicano y estadounidense– no lo hacía candidato para el tipo de cargos que ocupó.

El 2013 fue uno de los años más difíciles para los nayaritas. Los expedientes penales abiertos llegaron a 7 mil 726. Tepic era un campo de batalla; el CJNG y los hermanos Beltrán Leyva se disputaban el territorio. Siete años después, Veytia ha confesado que trabajó para el primero de esos grupos y al exgobernador Sandoval lo investigan en Estados Unidos por proteger al mismo cartel.

Por aquel entonces hubo un homicidio que acaparó la atención de los nayaritas: el 15 de diciembre del 2013 apareció muerta de 32 puñaladas Aurora Ponce del Ángel, quien trabajaba para el Servicio Médico Forense, un área bajo la responsabilidad de Veytia. Según la versión oficial, a ella la asesinó su propia hija, Venus María Valdés. Las pruebas en su contra fueron un cuchillo y un dictamen en el que constaba cómo primero la durmió usando 15 pastillas de Diazepam mezcladas con pollo. Sin embargo, las pruebas periciales posteriores indicaron que en el cuerpo de la víctima no hallaron rastros de ese medicamento, y sobre todo, el tipo de heridas eran incompatibles con el grosor y tamaño de la supuesta arma homicida.

Venus María Valdés –de 34 años de edad– dijo en una de sus declaraciones ministeriales (expediente 905/20013) que a su madre la asesinaron porque ella tenía información sobre “muchas cosas” que Veytia había cometido y, sobre todo, del enfrentamiento entre marinos y gatilleros ocurrido en la Laguna de Santa María del Oro. En ese sitio fueron detenidos policías de Nayarit bajo el mando de Veytia que estaban a cargo de la seguridad en una fiesta donde fueron sorprendidos lugartenientes de los hermanos Beltrán Leyva. Cuando sucedió esto, en octubre del 2013, el exfiscal colaboraba con ese cartel y, tiempo después trabajó para el CJNG, de acuerdo con información difundida por la prensa local.

En el audio conseguido por MCCI hay al menos un dato revelador sobre qué papel jugaba el exfiscal: cuando los comerciantes y hoteleros de Guayabitos intentan explicar que fueron amenazados y obligados con armas de fuego a firmar contratos, Veytia golpea la mesa. Les grita que, personalmente, se encargó de poner orden en la zona para que nadie los molestara. Lo que ellos le reclamaban pertenecía al pasado.

En el momento de mayor ofuscación, Veytia dijo que él mismo se encargó de “El Bigotes”, quien se guarecía en la comunidad de La Resolana, en los límites con Sinaloa. “No me vengan esas cosas. Yo personalmente he acabado con eso”, gritaba Veytia.

“El Bigotes”, se llamaba César González González. Un lugarteniente del cartel de los hermanos Beltrán Leyva. Un exmilitar violento, acusado de perpetrar unos 40 homicidios, así como secuestros y violaciones.

El 17 de marzo del 2012 “El Bigotes” fue asesinado. Su cuerpo lo encontraron en un paraje cerca de su refugio. Para ese entonces, Veytia era el encargado de la Procuraduría de Justicia en Nayarit.

El pasado 3 de julio –mientras se desarrollaba la etapa final de esta investigación periodística– aparecieron los cuerpos sin vida de los policías Roberto Quiñones y Juan Huerta. El primero de ellos fue director de la Agencia Estatal de Investigaciones durante la época de Veytia.

En ocho entrevistas grabadas por MCCI y otras cinco personas consultadas por separado para este trabajo se identificó a ambos policías como parte del equipo de Veytia encargado de secuestrar y torturar.

Los nayaritas –1 millón 800 mil, según cifras oficiales– supieron lo que era vivir en el infierno, mucho antes de que en Estados Unidos hicieran público que, en el mundo del crimen organizado, a Édgar Veytia lo apodaban “El Diablo”.