Un juez de consigna
Es un “juez de consigna”, asegura Enrique Romero Razo, actual juez penal de Atlixco, cuando se le pregunta por su colega León Flores.
Y explica: “Rafael Moreno Valle se hizo de manera unipersonal de todo el poder, controlando tanto el legislativo como el Poder Judicial del estado. Esto provocó que las instituciones de administración y procuración de justicia estuvieran bajo su control, y permitió que se convirtiera en un instrumento coercitivo más. Para ello se requerían sicarios, brazos ejecutores y obviamente gente sin ningún tipo de conciencia; este caso en particular es uno de ellos”.
“Una persona que en su momento libró órdenes de aprehensión en contra de los disidentes del régimen, convirtiéndolos en perseguidos políticos. Al final las resoluciones pronunciadas por él fueron tumbadas en los juicios de amparo”, agrega.
Según información del Comité para la Liberación de los Presos Políticos y Contra la Represión en Puebla, 36 personas detenidas por oponerse a proyectos gubernamentales del fallecido Rafael Moreno Valle, fueron juzgadas por León Flores durante su sexenio.
De estas al menos 24 personas lograron su liberación tras la intervención de juzgadores federales.
A decir de Pablo Rangel Sarrelangue, abogado litigante y analista del Poder Judicial, la existencia de los “jueces de consigna” no es nueva. Es una práctica que se ha vivido por décadas en el poder judicial poblano.
Él mismo vivió en carne propia el peso del sistema cuando luego de criticar al entonces magistrado presidente Guillermo Pacheco Pulido, fue encarcelado acusado de un homicidio que no cometió.
Pacheco Pulido y su grupo afín mantuvo el control del Poder Judicial desde finales de los 90s y la primera década de este siglo, fue diputado federal de 1982 a 1985 y presidente municipal de la capital poblana de 1987 a 1990, todo como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En enero de este año el Congreso local, controlado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo nombró gobernador interino tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.
Su procedimiento, asegura en entrevista Rangel Sarrelangue, fue llevado por jueces de consigna, “jueces que después de ordenar mi encarcelamiento o mi sentencia me mandaban a decir que no tenían nada contra mí, que sólo cumplían órdenes”.
Esa herencia, dice Sarrelangue, la aprovechó Moreno Valle para hacerse del control del TSJ. Al inicio de su sexenio utilizó dos vías para neutralizar “a una vieja guardia”.
Primero comenzó a perseguir jueces, “por lo menos detuvo a dos o tres, entonces los demás sintieron temor, pues es un Poder Judicial corrupto, y sintieron pasos en la azotea y esa vieja guardia del Poder Judicial se entregó, claudicó”.
Después comenzó a atacar al cuerpo de magistrados presionando para que se cumplieran o adelantaran con los tiempos de jubilación.
En los dos primeros años de su sexenio Moreno Valle logró que salieran por jubilación 12 de los 25 magistrados que conforman el pleno del TSJ, y reclamó como suyas esas posiciones colocando ahí a personas afines a su grupo, como el panista Roberto Grajales, que fue nombrado magistrado sin tener en su currículum contacto alguno con el mundo del litigio.
Lo mismo hizo después el sucesor de Moreno Valle, Antonio Gali Fayad quien en agosto del año pasado propuso a Jorge Benito Cruz Bermúdez, ex presidente del PRD poblano, para integrarse al TSJ como magistrado sin tener carrera jurídica. Su único contacto con el mundo del litigio fue entre 1997 y 1999, cuando formó parte de la dirección jurídica del corporativo inmobiliario Gorstein–Fasja, según el currículum que tiene publicado el TSJ.
Imagen: Rafael Moreno Valle exgobernador de Puebla (2011-2016), fallecido en un accidente aéreo el pasado 24 diciembre.