Los Sarabia
Es 28 de agosto del 2018 y el pasillo de las oficinas del mercado Hidalgo 28 de Octubre está atiborrado. La gente quiere felicitar a Simitrio por su cumpleaños 62. Hay comida y pastel en charolas enormes que pasan de mano en mano.
Rubén Sarabia Sánchez, conocido como Simitrio, es un ícono de los movimientos sociales poblanos. Es el líder histórico y moral del movimiento de comerciantes “Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre”.
La organización fue creada, como lo dice su nombre, el 28 de octubre de 1972 para otorgarle protección a los comerciantes ambulantes de los desalojos y para fortalecer el comercio local frente a la instalación de centros comerciales y empresas trasnacionales.
La 28 de Octubre es una de las agrupaciones más importantes de Puebla por el número de agremiados, suma cerca de 5 mil. Desde sus orígenes lograron establecer convenios de reordenamiento comercial.
En un intento de aislar el bullicio del festejo, Xihuel, el hijo mayor de Simitrio, cierra la puerta de su oficina y comienza la entrevista: “a ver, el proceso es el 530/2014”. Esta serie de números son el expediente que mantuvo preso a Xihuel del año 2015 al 2017, y a su padre, Simitrio y a su hermano, Atltonatiuh, del 2014 al 2017.
A lo largo de su historia, la organización 28 de Octubre ha registrado al menos 104 detenciones arbitrarias de sus agremiados y Simitrio, su líder, ha sido aprehendido en diversas ocasiones desde 1976.
Ha enfrentado más de 8 procesos. En 1989 fue detenido por una decena de delitos como narcomenudeo, posesión de armas, robo, lesiones, despojo, daño en propiedad ajena, privación de la libertad y homicidio calificado, aunque fue absuelto de este último.
El total de las sentencias sumaba casi 100 años en prisión; sin embargo, por un acuerdo con el entonces gobernador de Puebla, Melquiades Morales, obtuvo la libertad anticipada en el año 2001.
Una de las condiciones para no revocar la libertad anticipada era que no se ausentara de su domicilio en la ciudad de México; algo que el propio Simitrio interpretó como una manera de mantenerlo lejos de Puebla.
Sin embargo, en 2014, trece años después, el Juzgado Quinto de lo Penal revocó el beneficio de libertad para Simitrio. El motivo de la orden de reaprehensión fue por “notorio mal comportamiento”, Simitrio entonces había sido denunciado por despojo de tierras en el estado vecino de Tlaxcala.
Esta última detención, que mantuvo preso a Simitrio durante tres años, fue considerada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un “mecanismo de persecución política” del entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.
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Simitrio fue el primero. El 19 de diciembre de 2014 fue detenido cuando se dirigía a una cita con el entonces secretario de Gobernación del municipio de Puebla, Guillermo Aréchiga. Los cargos: “Mala conducta” y “despojo de tierras”.
El caso del despojo de tierra en Tlaxcala no prosperó, pero ya en prisión a Simitrio le comunicaron que estaba sujeto a otro proceso: el 530/2014 en el que el Centro de Operaciones Especiales Estratégicas de la Procuraduría del gobierno de Puebla lo acusó de vender cocaína y marihuana desde la organización 28 de Octubre.
Unos días después, el 22 de diciembre del 2014, en medio de una manifestación en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, su hijo Atltonatiuh fue detenido, y un año después fue aprehendido Xihuel, el 9 de diciembre del 2015, mientras se oficiaba una misa de 15 años donde él era el padrino.
Frente a representantes de la ONU, los abogados de Simitrio señalaron que antes de la detención el gobernador de Puebla le había pedido subordinación total por parte de la organización 28 de Octubre, bajo la amenaza de “atenerse a las consecuencias”.
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El proceso 530/2014 no se trata de una denuncia formulada contra tres integrantes de la familia Sarabia, sino que es el copy & paste de tres testimonios de procesos penales distintos.
El AP-PGJP/COE/415/2014, AP-PGJP/COE-1/383/2014 y AP-PGJP/COE-1/428/2014.
La Agencia de Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), recopiló declaraciones de personas detenidas por venta de marihuana y cocaína que directa e indirectamente acusaron a Rubén Sarabia Sánchez, Xihuel Sarabia Reyna y Atltonatiuh Rubén Sarabia Reyna de cobrar por el espacio de venta y por el suministro de narcóticos desde su posición como líderes de la organización 28 de octubre.
Entre los testimonios que se usaron contra Simitrio, Xihuel y Atltonatiuh, sólo uno declaró ser comerciante del Mercado Hidalgo, los demás testificaron que trabajaban en mercados diferentes.
Corroborar los supuestos vínculos de las personas detenidas por venta de marihuana y cocaína que testificaron en contra de la familia Sarabia no fue importante para el Juzgado Penal de Cholula. Pero hubo más irregularidades.
La primera irregularidad comenzó con la orden de aprehensión: los testimonios que se copiaron y pegaron en el proceso 530/2014 fueron recabados la primera quincena de diciembre del 2014.
Sin embargo, la orden de aprehensión fue girada con fecha del 23 de noviembre del 2014, cuando todavía no recababan los testimonios de las averiguaciones previas que permitieron mantener presos a los integrantes de esta familia.
Aun así, el juez José Refugio Alejandro León Flores consideró que la integración del caso por parte del Ministerio Público era correcta y giró las ordenes de aprehensión contra la familia Sarabia.
Por eso, ante la imposibilidad de obtener justicia en el juzgado penal de Cholula, las defensas de los tres detenidos promovieron una serie de amparos ante el Sexto Circuito del Poder Judicial de la Federación, que al final demostraron que no había elementos para mantener presos a los Sarabia.
No había probable responsabilidad ni evidencias de que hubieran cometido los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de cocaína y mariguana.
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Xihuel Sarabia Reyna pasó ocho días en el penal de Cholula, antes de ser trasladado al penal de mediana seguridad de Tepeji, y aunque pidió entrevistarse con el juez penal que llevaba su asunto nunca fue recibido.
“Me mandó decir con su secretaria que no podía hacer nada por mí, que estaba recibiendo órdenes y mandó saludos para mi papá, que él ya sabía cómo era esto” dice Xihuel.
En uno de los procesos a los que estuvo sujeto en la década de los 90, Simitrio se enfrentó a las resoluciones del mismo juez: León Flores. Fue Juez Segundo de Defensa Social de Puebla del 1 de agosto de 1990 al 11 de agosto de 1991.
“Es una persona que le sirve al Estado. Es el tipo de personas que sirven al poder para hacer las cosas sucias, porque él debería ser imparcial “dice Atltonatiuh, por su parte. De hecho, en 2017 Atltonatiuh denunció al juez y a los agentes de ministerio público involucrados en su caso por abuso de autoridad, pero la demanda aún no se ha judicializado.
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En las sentencias de los amparos de los jueces federales reconocieron que la orden de aprehensión no estaba fundada ni motivada. Tampoco existía el delito por el que se les acusó.
El primer paso para la libertad fue lograr que el juez, José Refugio Alejandro León Flores, se declarara incompetente: el proceso había sido investigado por el Centro de Operaciones Estratégicas, que en ese entonces tenía base en Cholula, pero los hechos investigados sucedieron en Puebla capital, no tenía competencia.
El 6 de octubre del 2017, un mes antes de que Simitrio obtuviera su libertad, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante el oficio A/HRC/WGAD/2017/65, concluyó que su detención había sido contraria a derecho, haciendo una solicitud al Gobierno de México para que remediara sus errores en la aprehensión del activista.
El 7 de octubre de 2017 salió de prisión Atltonatiuh; el 16 de noviembre salió en libertad Simitrio, y el 1 de diciembre de 2017 salió de prisión Xihuel Sarabia.
Una decena de presos políticos del sexenio de Rafael Moreno Valle fueron juzgados por León Flores: como Juan Carlos Flores, opositor a la construcción del gasoducto Morelos-Puebla; los 10 detenidos de Chalchihuapan, inconformes por la reforma a la ley orgánica municipal.
También el asesinato de José Luis Tehuatlie, un niño que murió durante un operativo policiaco que implementó Rafael Moreno Valle en el año 2014 contra habitantes de San Bernardino Chalchihuacan por bloquear la carretera Puebla-Atlixco.
Los 15 mototaxistas procesados por pedir revés en la norma que les impidió seguir operando; los 8 manifestantes de la Ruta, que exigían más unidades de transporte y la posibilidad de pagar en efectivo; Leonardo Sabino Báez Serrano, ex edil de la junta auxiliar la resurrección; los Xicale, Tlachi y Cuaya, por la manifestación en contra de la plaza de las 7 culturas en las inmediaciones de la arquitectura de la pirámide de Cholula.
En este Distrito Judicial, donde el juzgador ha sido por más de siete años José Refugio Alejandro León Flores, se llevaron los casos de la mayoría de presos políticos del fallecido ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, según registros del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla.