El sistema

El caso de León Flores es el ejemplo de impunidad extrema de un sistema que ha permitido que jueces y magistrados sean nombrados sin cumplir con los requisitos y se mantengan ahí por años, apoyados por compadrazgos y apoyos políticos.

Pero no es el único.

16 de las 71 personas designadas por el Tribunal para fungir como responsables de la impartición de justicia tramitaron su cédula con un plazo mayor al establecido; dos de ellos, los casos más extremos: Amadeo Fuentes y Añorve y Rodolfo Arana Santiesteban presentaron sus cédulas 21 y 25 años, respectivamente, después de ser nombrados, esto de acuerdo con información del propio tribunal y de la página de cédulas profesionales de la SEP.

Entre los magistrados el modus operandi no es distinto: en agosto del año pasado fue electo magistrado José Montiel Rodríguez, quien de acuerdo con la página de la SEP recibió su cédula (folio 7676441) en el 2012, y la ley establece que para ser magistrado se debe contar con un título legalmente expedido con 10 años de antigüedad.

Su nominación fue impugnada por la abogada Montserrat Lydia González mediante un amparo que presentó en el Poder Judicial de la Federación, pero la petición fue desechada argumentando “incompetencia”, sin entrar al asunto. De ahí pasó como queja al Congreso, pero comenzó a “politizarse”, dice la abogada, y ya no hubo seguimiento.

Montiel Rodríguez fue propuesto tras ocupar varios cargos en los gobiernos de Rafael Moreno Valle, en donde fue titular de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública; con Antonio Gali Fayad ocupó la subsecretaría jurídica en la Secretaría General de Gobierno.

Imagen: José Montiel Rodríguez durante su toma de protesta como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.